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El secretario de Ambiente, Carlos Minc, dijo en el último día 21 de octubre, que grandes industrias del Estado de Río de Janeiro recibirán, ya en los próximos días, formularios de declaración de emisiones, en los que tendrán que informar la cantidad de gas carbónico (CO2) emitido en cada unidad, especificando la fuente de energía que utiliza la empresa. Las informaciones van a componer un banco de datos que servirá de base para las compensaciones que se exigirán en el proceso de renovación de las licencias ambientales de las compañías.

- De esta forma, comenzamos a actuar para el cumplimento de las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, conforme consta en el denominado Decreto del Clima firmado el mes pasado por el gobernador Sérgio Cabral. Basados en la situación de cada empresa, vamos a establecer las condiciones para disminuir y compensar las emisiones, como, por ejemplo, acciones de eficiencia energética, cambio de combustible, cogeneración de energía – explicó Minc.

El secretario dijo además que el Gobierno del Estado encomendó junto a la Coppe/UFRJ (Junta de Coordinación de los Programas de Postgrado en Ingeniería de la UFRJ – Universidad Federal de Río de Janeiro) estudios para establecer cuánto va a contribuir cada sector de la economía para la reducción de las emisiones de CO2 en el estado.

- Habrá también el mapeo de los costos de las acciones, y cada empresa tendrá plan propio – afirmó él, añadiendo que la renovación de las licencias que caducan en próximo año ya incluirán mecanismos de disminución, compensación o reducción de sus emisiones.

Minc también habló sobre la creación de la Ley del ICMS Verde (Impuesto sobre Circulación de Mercancía y Servicios), que provocó una revolución ecológica en los municipios del estado de Río de Janeiro. El secretario aclaró que las alcaldías que invierten en la preservación ambiental cuentan con mayor transferencia del ICMS. El impuesto es compuesto por los siguientes criterios: el 45% para las unidades de conservación; 30% para calidad del agua; y 25% para la gestión de residuos sólidos. Este año, se están transfiriendo aproximadamente R$ 111,5 millones a los municipios